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Diego Cancino
RINDE CUENTAS
2021

Logramos que más de 70.000 personas respaldaron la radicación de la reforma ciudadana a la policía (wiki-ley) en el Congreso

El 9 de septiembre de 2021 radicamos en el congreso la reforma ciudadana a la policía. Esta reforma fue construida a través de diferentes mecanismos como reuniones individuales con expertos y expertas, Facebook Live, foros, entre otros. Además, a través de la página web www.areformarlapoliciaya.com varias personas participaron en la construcción de la reforma en tiempo real. Todos estos insumos se recopilaron en una matriz que fue la base para consolidar la propuesta de reforma que se presentó en el congreso.

Adicionalmente, se habilitó un mecanismo de recolección de firmas digital, a través de la plataforma change.org, y otro físico, a través de encuentros territoriales. En esos espacios las personas tuvieron la oportunidad de apoyar el proyecto con su firma, pero además participaron en tiempo real con comentarios o aportes a la propuesta que se construyó colectivamente.

Por último, implementamos un mecanismo territorial, el cual pretendía identificar las emociones que generaba la policía y los cambios que proponía la ciudadanía. Entre otros, realizamos 3 encuentros en Bogotá y uno en Ibagué en conmemoración a la memoria de Santiago Murillo, el joven asesinado en esta ciudad a inicios de mayo mientras protestaba pacíficamente.

La base sobre la cual se definieron los diferentes mecanismos de participación fue la construcción de una wikiley, según la cual, el resultado al final de todo el proceso es una ley construida a varias manos, que no excluye ningún otro proyecto o iniciativa. En suma, el proceso para llegar a este proyecto de reforma a la Policía es aquello que lo distingue de otros que se encuentran en trámite actualmente en el Congreso, pues desde el inicio el objetivo central fue garantizar la participación incidente de toda la ciudadanía. Hoy podemos decir que se ha logrado este objetivo.

Logramos que la justicia imputara a 3 policías por la incineración de 11 jóvenes en el CAI de San Mateo (Soacha)

A pesar de haber sido estigmatizado por el comandante de Policía de Cundinamarca, por la clase política tradicional de Soacha y hasta por el mismo Ministro de Defensa, la Procuraduría General de la Nación nos dio la razón en el caso de la hoguera humana del CAI de San Mateo, Soacha.

Después de denunciar públicamente que el 4 de septiembre de 2020, 8 jóvenes murieron en el incendio del CAI de San Mateo y que otros tres resultaron gravemente heridos, la Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario, ejerciendo el poder preferente, lo que implicó que el proceso saldría de la Inspección General de la Policía.

A raíz de este proceso, rendí un testimonio ante la Procuraduría y aporté videos a los procesos disciplinarios y penales. El 3 de noviembre de 2021, después de un año de acompañamiento a las familias víctimas y de construir con ellas la Wiki-ley, la Procuraduría emitió su fallo de primera instancia en el que declaró culpables a dos policías por los hechos ocurridos, al considerar que pudieron evitar la muerte y las graves heridas de estos muchachos. A pesar de que el fallo penal sigue pendiente, es un importante avance para los derechos de las víctimas.

Defendimos derechos humanos de jóvenes manifestantes en territorios durante el Paro Nacional

En el marco del estallido social que se presentó desde el 28 de abril hasta finales de agosto de 2021, adoptamos junto con mi equipo diversas acciones que tenían como propósito denunciar el abuso policial y la violencia de Estado, dado que las víctimas en muchos casos no contaban con los medios para ser escuchadas. Dichas acciones se encaminaron a esclarecer y denunciar diversas situaciones de vulneración de derechos humanos, para lo cual, enviamos varios derechos de petición, remitimos casos a organizaciones, acompañamos en campo a las víctimas y tratamos de ser intermediarios en algunos conflictos.

Estuvimos acompañando a quienes denunciaron que transmilenio estaba siendo usado como centro de operaciones por parte de la Policía para realizar detenciones arbitrarias y en muchos casos, como centro de tortura. En ese momento no era claro qué sucedía y gracias a un derecho de petición que enviamos al gerente de transmilenio, pudimos esclarecer que sí había sido cierto lo que se denunciaba.

El martes 24 de mayo, participé junto con mi equipo en la audiencia pública convocada por la Veeduría Distrital en el Portal de la Resistencia (de las Américas), en la que además, el Concejo Distrital realizó de manera mixta su sesión plenaria. Ese día, como en otras oportunidades, escuchamos de primera mano a muchos de jóvenes y vecinos de los barrios aledaños. Adicional a ello, participé junto con mi equipo y el programa Demolab del Concejo en una estrategia de diálogo, en la que recogimos a través de diferentes herramientas, insumos sobre sus exigencias, sus necesidades, sus sentimientos frente a la crisis social y económica.

En el micrófono abierto recibimos, especialmente, testimonios y denuncias de abuso policial. Mientras que, en los otros mecanismos de diálogo, se desarrollaron diferentes temas, centrados en el abuso policial, la violencia de género, la educación y las oportunidades económicas. Dichos insumos han sido herramientas fundamentales en nuestro trabajo tanto de control político como de propuestas de proyectos de acuerdo para la ciudad.

El 10 de junio, rendí mi testimonio ante la CIDH, en el marco de su visita de trabajo en Colombia, sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública durante las protestas en Bogotá. Producto de este testimonio, entregué un informe en el que se explica que esta magnitud de violencia policial viene ocurriendo –al menos– desde el 2019, cuando en Bogotá se reprimió violentamente las protestas del 21N. Este informe se concentra en los hechos ocurridos en el Portal de las Américas.

Y por último, durante todo el estallido social se pusieron a disposición de la ciudadanía nuestros canales de comunicación como twitter, Facebook e instagram para denunciar el abuso policial. Es decir, intentamos ser un medio para que las víctimas pudieran alzar sus voces ante la violencia.

Denunciamos penalmente presunta corrupción en las elecciones del Consejo Directivo de la CAR

Presentamos denuncia penal por presuntos hechos delictivos cometidos durante el proceso de elección de representantes de las ONG ante el Consejo Directivo de la CAR 2020-2023, para que se investigue una presunta red que concentra el poder en la CAR en cabeza de los señores Luis Alejandro Motta y Andrés Iván Garzón.

En nuestra investigación, encontramos una concentración de domicilios en 40 (35.7%) de las 112 ONG que votaron por Garzón o por Motta, por encontrarse registradas en el mismo barrio, la misma cuadra o la misma dirección: 25 en Pacho; 7 en Bogotá; 5 en Fusagasugá, de propiedad de Motta; y 3 en Girardot.

Además, encontramos coincidencias en las fechas y los años de sus registros, de las 112 ONG, 42 ONG (37,5%) fueron registradas en 2000 y, de esas, 34 fueron registradas en el mes de septiembre del mismo año. Algunas de ellas incluso fueron registradas el mismo día. Curiosamente esto coincide con el tiempo que llevan los representantes en el consejo de la CAR.

Asimismo, encontramos coincidencias en sus representantes legales y miembros de juntas directivas: 39 de las 112 ONG (34,8%) tienen concentrada su representación en 18 personas y 33 de esos representantes legales ocupan cargos en las juntas directivas de 53 de las 112 ONG (47.32%).

Actualmente, la denuncia se encuentra en la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación. Sin duda, la CAR debe revisarse y adoptar mecanismos democráticos, de transparencia y de rendición de cuentas.

Construcción de independencia deliberativa frente al POT

Durante el mes de agosto organizamos el Curso de Alto Gobierno para concejales y concejalas sobre el POT denominado ‘Un horizonte común por construir en Bogotá’, con el propósito de tejer un diálogo de saberes con académicos y académicas de diferentes universidades que nos permitiera a los concejales que participaron construir una deliberación argumentada sobre el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial que se discutiría en el Concejo. Entre otros temas, se dialogó sobre norma urbanística, rentas del suelo, vivienda y vida digna, componente ambiental del POT, modelo de ciudad-región y reactivación económica.

Posteriormente, realizamos algunos encuentros con comunidades de la ciudad que tenían serios reparos sobre el contenido del POT presentado por la Administración en temas como la protección a humedales y a la cuenca del río Tunjuelo, lo cual nos permitió ampliar nuestro conocimiento y consolidar nuestra postura sobre el componente ambiental del POT.

Particularmente, acompañamos las reuniones de la Mesa de Verificación del Compromiso Ambiental firmado por Claudia López donde las organizaciones presentaron los puntos del compromiso y la administración dio respuesta a las solicitudes. Y en el marco del acompañamiento a los procesos ambientales de la ciudad, apoyamos el trabajo de la Mesa Multiactor de la Cuenca del Río Tunjuelo haciendo parte de las reuniones entabladas con la administración distrital en el marco del proceso participativo de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.

Adicionalmente, participamos activamente del Cabildo Abierto organizado por el Concejo de Bogotá, el cual nos permitió conocer de cerca el descontento, la frustración, el desconcierto y la indignación de los ciudadanos afectados por los contenidos del POT, y asistimos a las reuniones de la Comisión Accidental de POT del Concejo de la ciudad.

Estos antecedentes nos permitieron realizar un análisis detallado del proyecto de acuerdo sobre el POT presentado por la Administración y producto de este análisis concluimos que no estábamos de acuerdo con el modelo de ciudad propuesto en este documento, debido entre otras cosas, a que no fue una apuesta pedagógica de transformación colectiva de ciudad, a que no reconoce las voces y apuestas ambientales del sur de Bogotá y a que pone a girar el desarrollo urbano al ritmo del mercado inmobiliario, desconociendo las enormes necesidades de vivienda digna de la población de esta ciudad y la necesidad de adaptarnos al cambio climático.

En consecuencia, anunciamos públicamente nuestro voto negativo al POT, y por eso, en forma desconcertante, la mayoría del partido Alianza Verde en el Concejo apeló a la Ley de Bancadas para obligar a quienes no estamos de acuerdo con el POT a votarlo positivamente. Es decir que, en caso de que se hubiese votase el POT, cosa que finalmente no sucedió, algunos concejales del partido no hubiéramos podido ejercer el derecho a expresar el voto libremente.

Nuestra posición política implica una apuesta a la participación, a la pedagogía y a la democracia deliberativa, sustentada en la crítica, en la argumentación técnica y no en el silenciamiento, por eso ante el veto decidimos seguir trabajando e incidiendo en la construcción de ciudad:  realizamos y radicamos con apoyo de organizaciones y académicos 7 proposiciones de modificación y adición sobre el articulado del POT en los siguientes temas: obligaciones urbanísticas de vivienda VIS y VIP, hechos generadores de plusvalía, la Operación Estratégica Distrito Aeroportuario, conservación del Humedal y Brazo el Salitre y protección de humedales;  Adicionalmente, construimos y difundidos en redes sociales 3 videos explicativos sobre temas de particular interés en el POT: la desprotección del corredor ecológico del Humedal del Salitre y el Canal Brazo Salitre, el cambio de vocación residencial de barrios de la ciudad, y la adecuación y mantenimiento de andenes por parte de propietarios o poseedores de los predios contiguos.

Realizamos segundo estudio de trabajo doméstico y empleo femenino

Entre el 21 de febrero y el 14 de marzo realizamos el segundo sondeo sobre trabajo doméstico y empleo llamado Príncipes a Arremangarse, donde indagamos por la forma en la que la pandemia ha afectado el trabajo doméstico no remunerado y el empleo, con especial énfasis en las afectaciones para las mujeres. Pudimos concluir que mientras siga existiendo la creencia de que las mujeres deben encargarse exclusivamente del cuidado de su familia y hogar, y continúen aumentando los índices de desempleo femenino, será muy difícil reducir la brecha en la distribución de las labores del cuidado y las mujeres continuarán perdiendo su autonomía.

Una de las cifras más alarmantes es que el 84% de las mujeres afirmó haber perdido su empleo durante la pandemia, y según los resultados de la encuesta, en la pandemia se duplicó el número de mujeres que únicamente se dedican a los oficios del hogar. A su vez, para el 51% de las personas encuestadas, el trabajo doméstico aumentó más de 3 horas.

Seguimos creyendo que las mujeres deben quedarse en la casa. El 65,7% de las mujeres afirmó que su rol más importante es cuidar de su hogar y familia, mientras que el 69,2% de los hombres afirmó lo mismo. Por su parte, el 42,3% de los hombres considera que las madres son las encargadas de cuidar del hogar y los hijos, mientras que los hombres son quienes deben salir a trabajar para proveer los ingresos de la familia, frente al 27,3% de las mujeres que considera lo mismo.

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