Bogotá, julio 9 de 2020
Diego Cancino, Concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde solicitó el concurso de
entes de control: Procuraduría y Personería de Bogotá, en caso de niña que habría sido
víctima de violencia sexual al parecer por parte de un patrullero de la policía en el barrio
Juan Rey de la localidad de San Cristóbal al sur de la capital.
De acuerdo con Cancino, aunque el caso ocurrido en mayo pasado ya se encuentra en
proceso de investigación y judicialización por parte de la Fiscalía 367 seccional de delitos
sexuales, es urgente que se proceda de manera efectiva, pronta y diligente no sólo a
administrar justicia, sino a atender y reparar a la víctima que en este caso es una menor
de edad con derechos prevalentes que implican priorizar su seguridad, privacidad y
bienestar.
La solicitud de Concejal Cancino está dirigida a que se designe una vigilancia de carácter
penal frente a este caso a fin de esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y
restablecer y reparar los derechos de la menor víctima; se establezcan medidas
provisionales de protección para la menor víctima y su núcleo familiar que la apoya,
entre ellas, la suspensión del patrullero para evitar la re victimización, y se ejerza
vigilancia especial administrativa en la Estación de Policía de San Cristóbal y la Policía
Metropolitana de Bogotá, con el fin de determinar las condiciones institucionales que
permitieron la ocurrencia de este crimen.
Según el Concejal Cancino es absolutamente preocupante que, a pesar de lo avanzado
del proceso, el patrullero siga vinculado a sus funciones en el CAI de Juan Rey, lo que
podría resultar en un caso de re victimización de la menor de edad, contrario a sus
derechos humanos y a su dignidad personal, con el agravante de que al parecer -según el
abogado del caso- la madre de la joven estaría implicada.
La comunicación del Concejal Diego Cancino anota que: “(...) la presencia del patrullero
señalado de cometer dicha violación de derechos humanos en la zona, expone a la
víctima a una situación en la que puede sentir la presencia cercana de su agresor,
máxime cuando se ha informado que el presunto agresor habría amenazado a la menor
de edad. Esto implica que i) se afecta la libertad de locomoción de la menor de edad, al no
poder circular por el sector ante el riesgo de encontrárselo y exponerse a la repetición de
los hechos; y ii) se agraven las afectaciones a su salud física y psicológica al percibir que
sigue expuesta a dicho riesgo, pese a haber denunciado”.
La solicitud de medidas provisionales y de vigilancia especial del Concejal Cancino es un
llamado de urgencia frente al abuso de autoridad de algunos miembros de la policía que
en el marco de la crisis generada por la pandemia del Covid19 traspasan sus funciones,
cometen delitos y atentan contra los derechos de la ciudadanía.