Graves casos de tortura en Transmilenio presentan concejales Diego Cancino y Susana Muhamad


Concejales Diego Cancino y Susana Muhamad presentan testimonio de ex funcionario de la alcaldía de Bogotá sobre graves casos de tortura en Transmilenio


Bogotá, febrero 2 de 2022


Una pieza clave se suma al rompecabezas de las denuncias realizadas por los concejales Diego Cancino y Susana Muhamad sobre graves violaciones a derechos humanos por parte de miembros de la policía, en las instalaciones de los portales de Suba y Américas de Transmilenio y sobre las cuales presentaron este miércoles un nuevo informe que recoge información detallada de un testigo presencial durante el paro.


Se trata del testimonio de Cristian Cabrera, ex funcionario de la Alcaldía Local de Kennedy quien en ejercicio de sus actividades de seguimiento pudo constatar que efectivamente la policía, el segundo día del Paro Nacional (29 de abril de 2021), retuvo a por lo menos 9 personas, incluido un menor de edad en Portal Américas.


Cabrera, quien abandonó el país tras recibir amenazas contra su vida, detalló que en desarrollo de su labor contractual (contrato CPS 205/2021) hizo parte de un grupo de chat integrado por funcionarios de la Alcaldía de Kennedy, incluida la personería y el delegado de la Policía Nacional para los derechos humanos de la localidad, entre otros, donde quedaron consignadas las actividades de seguimiento y las alertas de esos días.


“Funcionarios del distrito y el comando de la policía tenían conocimiento de detenciones ilegales y torturas en Portal Américas”


En pantallazos de WhatsApp del día 29 de abril (7:43 p.m.) se lee que un miembro de la Policía “detuvo” a varias personas en el Portal Américas, incluido un menor de edad; hecho que fue puesto en conocimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), vinculado a la Alcaldía Mayor y a la Policía Nacional. Es decir, que tanto la Alcaldía distrital como la Policía Metropolitana estaban al tanto de la situación que se estaba presentando en el portal esa noche, antes del estallido social, e hicieron caso omiso frente a las alertas. Se lee también en los chats que al parecer la intervención del ESMAD se dio por órdenes del Puesto de Mando Unificado (PMU) del que hacen parte altos funcionarios de la administración distrital.


Varios testimonios, incluido el de Cristian Cabrera, hablan de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles, violencia sexual y otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en instalaciones públicas, como es el caso de los portales de Transmilenio. El mismo gerente de Transmilenio de esa época reconoció (respuesta a derecho de petición) que nueve hombres y una mujer fueron ingresados al Portal Américas entre la noche del 3 de mayo (2021) y la madrugada del día siguiente (4 de mayo). “Algunas de esas personas se encontraban heridas”, anotó y lo calificó como un “hecho único en la historia del Sistema”.


Sin embargo, la Personería Local de Suba contradice esta afirmación del exgerente de Transmilenio: constató que el 19 de mayo de 2021, cuatro jóvenes fueron detenidos y conducidos al interior del Portal Suba. La Personería recalcó que “la Policía Metropolitana estaba utilizando el portal como centro de acopio no apto para retener personas, ya que no es un Centro de Traslado por Protección ni una Unidad de Reacción Inmediata”. (Respuesta a derecho de petición).


¿Qué pasó el 29 de abril en el Portal Américas?


En su rol de funcionario público Cristian llegó esa noche del 29 de abril al Portal Américas y sólo 45 minutos después logró que lo dejaran entrar a la caseta de los guardias de seguridad donde tenían detenidos a los muchachos: “(…) ocho jóvenes y un menor de edad estaban en ese cuarto sin ventana. Llevaban allí más de cuatro horas y nos relataron que venían del trabajo, fueron bajados de sus bicicletas y trasladados a ese sitio donde fueron golpeados con distintos elementos, incluso con cinturones; nos dijeron que intentaron asfixiarlos con gases lacrimógenos que lanzaban al cuarto y cerraban la puerta”, anota Cristian en su testimonio. Estas prácticas se pueden calificar de tortura.


Por otro lado, las versiones de la Policía respecto a lo ocurrido el 3 y 4 de mayo, fueron encontradas: mientras el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho aseguró que: “(…) se realizó traslado por protección de un número aproximado de diez personas, las cuales fueron conducidas a un espacio de las instalaciones del Portal de las Américas para salvaguardar su vida e integridad”. Camacho fue contundente al responder que ese día no hubo capturados en el Portal Américas y tampoco en sus alrededores. Al contrario, el inspector general de la Policía, mayor general Jorge Luis Ramírez, argumentó que fueron capturas en flagrancia.


Denuncian los concejales Diego Cancino y Susana Muhamad, que la declaración oficial de Transmilenio, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería, más el testimonio de Cristian Cabrera, confirman las múltiples denuncias que se han hecho sobre la grave situación de violación de derechos humanos en Transmilenio, lo cual “(…) permite cuestionar si la aprehensión física de personas y conducción a sitios no oficiales, concretamente a instalaciones de TransMilenio, es una práctica repetida, con patrones similares y parecen hacer parte de un plan predeterminado de la Policía para amilanar la protesta social”. (Informe de los concejales Diego Cancino y Susana Muhamad sobre nuevos hallazgos de torturas y detenciones ilegales en TransMilenio, febrero 2 de 2022)


Todo indica que las instalaciones civiles de Transmilenio han sido usadas para torturar de manera sistemática a jóvenes. No es claro desde cuándo empezó esta práctica y en cuáles portales, pero si que las autoridades distritales, de policía y de Transmilenio, conocían los hechos y no hicieron nada, ignoraron la alerta que un funcionario puso y al contrario, intentaron desmentir las denuncias.


Los concejales Cancino y Muhamad que pusieron estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y la Procuraduría, pidieron a la Alcaldía Mayor que presente una relatoría independiente sobre el uso de las instalaciones de Transmilenio por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá en franca violación a los derechos humanos y tome medidas urgentes y eficaces.



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