Bogotá 3 de mayo de 2021
Ante la grave situación de violación de Derechos Humanos que se vive en la capital del país, los concejales: Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo); Diego Cancino, Luis Carlos Leal, (Alianza Verde); Susana Muhammad, Heidy Sánchez y Ana Teresa Bernal, (Colombia Humana), conformaron el Comité de Derechos Humanos para la garantía del derecho a la protesta social en Bogotá.
Este Comité, además de respaldar el trabajo de organizaciones de derechos humanos quienes están en la primera línea de prevención, atención, reacción y documentación de los casos de violación de los derechos humanos; busca realizar control político frente al derecho fundamental a la protesta en alianza con las organizaciones Fundación Lazos de Dignidad, Temblores y la Campaña Defender la Libertad, respetando su liderazgo y autonomía.
En Colombia, desde el 21 de noviembre de 2019, la protesta social se ha incrementado, como respuesta a la política de gobierno del presidente Iván Duque, quien a su vez, ha intensificado los mecanismos de represión del Estado, materializados en hechos de abuso policial incluidas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, asesinatos y lesiones personales con armas de fuego y “armas no letales” utilizadas por la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) así como campañas de terror para crear pánico colectivo. Los hechos que transcurrieron entre el 28 de abril y el 1 de mayo, así lo evidencian.
Tras la oleada de violencia desenfrenada que vive el país y la ausencia de un Gobierno que garantice los derechos fundamentales, entre ellos la protesta social, los cabildantes de varios partidos políticos, acordaron conformar un comité de vigilancia y control al cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y el Decreto 563 del 2015, cuya aplicación garantiza el derecho a la protesta pacífica en Bogotá.
Desde la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, se documentaron diversas agresiones a la protesta social desde el miércoles 28 de abril hasta el domingo 2 de mayo: 360 detenciones arbitrarias con diferentes modalidades reseñadas en el boletín 5 de la Campaña , así mismo se reportaron 99 personas heridas, de las cuales 9 corresponden a lesiones oculares y se encuentran 5 hechos de violencia homicida –por esclarecer conexidad con las protestas-, se identificaron al menos 21 agresiones a defensoras de derechos humanos en terreno a causa de la Policía, 259 denuncias de abuso y violencia policial en toda la ciudad, 8 allanamientos que fueron declarados ilegales, así como las capturas asociadas y 5 casos de violencias basadas en género, que se produjeron en el marco de detenciones arbitrarias.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron falta de coordinación interinstitucional, pasividad en el rol del Ministerio Público, y un Puesto de Mando Unificado (PMU) sin coordinación ni toma de decisiones claras. Así mismo afirmaron que no se les está proporcionando respuestas a sus requerimientos.
Tanto concejales como organizaciones pidieron a los entes de control nacionales e internacionales apoyo a esta iniciativa mediante acciones judiciales para llamar a rendición de cuentas a las autoridades en sus actuaciones.
Los concejales manifestaron que Colombia ya no es el país aletargado de antes y que la época de imposiciones arbitrarias se acabó, en consecuencia, rechazaron la respuesta agresiva y temeraria del Gobierno a un pueblo que sólo pide sólo pide justicia social, pues las políticas que el Gobierno pretende imponer, van en contravía del bienestar de las clases menos favorecidas e incluso afecta a otros sectores de la población.
Las y los concejales miembros de este Comité junto con las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron:
1. Que la mesa de seguimiento del Decreto 563 del 2015 sea presidida por la alcaldesa de Bogotá con presencia del secretario de gobierno, el secretario de seguridad, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el comandante del ESMAD.
2. Que el Ministerio Público y el esquema de diálogo social y gestores de convivencia ejerzan sus funciones hasta el final de las movilizaciones y en garantía a los derechos de toda la ciudadanía.
3. Que se clarifique en dónde realmente se están dando las órdenes de intervención de la fuerza pública, y cómo se está cumpliendo el Decreto 563 del 2015 para la garantía del derecho a la protesta social. Se evidencia por parte de las organizaciones de derechos humanos que hacen presencia en el PMU, falta de articulación interinstitucional, falta de respuesta de la Policía a los requerimientos y solicitudes de información en el marco del puesto de mando unificado realizados por las organizaciones y un aumento en la falta de transparencia en la toma de decisiones frente a las intervenciones de la fuerza pública.