Bogotá, marzo 9 de 2020
Catorce concejalas y concejales de Bogotá, y dos congresistas de distintos partidos
políticos radicaron ante la Corte Suprema de Justicia un documento (coadyuvancia) en
apoyo a la tutela presentada por organizaciones sociales y académicas dirigida a
convocar medidas eficaces para garantizar a la ciudadanía el derecho a la vida, a la
integridad, a la libertad personales y por supuesto el derecho político a la movilización y
a la protesta.
En el documento, los concejales insistieron en que las protestas han sido
mayoritariamente pacíficas y que los actos de violencia que se presentaron durante las
movilizaciones de 2019 no llegaron ni siquiera al 12% y que por el contrario la Fuerza
Pública si se excedió en el uso de sus atribuciones, por lo que consideran que lo sucedido
en el Paro Nacional constituye graves violaciones a los derechos humanos, incluidas la
tortura y la desaparición forzada.
“Cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, indican que
durante el 2019 se realizaron 797 movilizaciones o manifestaciones, de las cuales,
únicamente 95 se tornaron violentas, es decir, solo el 11,9%. A pesar de ello, entre el
21N y el 19D (27 días), el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) realizó 111
intervenciones. En 27 días el ESMAD intervino más veces que en el número total de las
protestas violentas de todo el año 2019”, anotan los concejales.
Así mismo, llamaron la atención sobre el uso de infiltrados de la Fuerza Pública en las
manifestaciones, sin mostrar resultados claros sobre este tipo de estrategias de
inteligencia. Según el documento (coadyuvancia) presentado por los concejales, la
Policía Metropolitana reconoce que infiltra las movilizaciones con miembros de la
Fuerza Pública vestidos de civil como una estrategia de inteligencia para identificar a
quienes pretenden alterar el orden de las mismas. Sin embargo, no existe informe alguno
que de cuenta de los logros y/o resultados de dichas infiltraciones. Se espera que la
Policía rinda cuentas sobre los resultados de sus labores de inteligencia y
contrainteligencia para prevenir el saboteo violento de las protestas.
La tutela prentende que se analice, con participación de organizaciones sociales, las
actuaciones del ESMAD y que se propongan reformas de fondo. Pide que se ordene a la
Policía Nacional, abstenerse de usar la figura de traslados por protección y para
procedimiento policivo contra los manifestantes, así como de hostigarlos física y
verbalmente y lanzarles elementos de dispersión de manera directa.
“Según la misma Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), durante las protestas
realizadas en 2019 se realizaron 940 traslados por protección a Centros de Traslados por
Protección (CTP)”, anota el documento
Diversos testimonios que hicieron parte de investigaciones realizadas por organizaciones
sociales y denunciados por redes sociales y medios de comunicación fueron presentados
durante el debate en el Concejo de Bogotá (febrero 10 de 2020) e indican que hubo
graves violaciones a los derechos humanos: tortura física, piscológica y sexual,
desaparición forzada, tratos crueles inhumanos y degradantes.
Datos de la Secretaría Distrital de Salud, indican que en 2019 aumentó en un 339% el
número de heridos en medio de manifestaciones.
La tutela en trámite contra el Presidente de la República, Iván Duque, el Ministro de
Defensa, el Director de la Policía Nacional y el Director de la Policía Metropolitana de
Bogotá; que incluye más de 15 peticiones, fue interpuesta por el Comité de Solidaridad
por los Presos Políticos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (CAJAR), la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,
Humanidad Vigente, la Dra. Ana Bejarano y el Dr. Douglas E. Lorduy, entre otros.