Concejales de Bogotá apoyan tutela en contra de la violencia policial

Bogotá, marzo 9 de 2020


Catorce concejalas y concejales de Bogotá, y dos congresistas de distintos partidos

políticos radicaron ante la Corte Suprema de Justicia un documento (coadyuvancia) en

apoyo a la tutela presentada por organizaciones sociales y académicas dirigida a

convocar medidas eficaces para garantizar a la ciudadanía el derecho a la vida, a la

integridad, a la libertad personales y por supuesto el derecho político a la movilización y

a la protesta.


En el documento, los concejales insistieron en que las protestas han sido

mayoritariamente pacíficas y que los actos de violencia que se presentaron durante las

movilizaciones de 2019 no llegaron ni siquiera al 12% y que por el contrario la Fuerza

Pública si se excedió en el uso de sus atribuciones, por lo que consideran que lo sucedido

en el Paro Nacional constituye graves violaciones a los derechos humanos, incluidas la

tortura y la desaparición forzada.


“Cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, indican que

durante el 2019 se realizaron 797 movilizaciones o manifestaciones, de las cuales,

únicamente 95 se tornaron violentas, es decir, solo el 11,9%. A pesar de ello, entre el

21N y el 19D (27 días), el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) realizó 111

intervenciones. En 27 días el ESMAD intervino más veces que en el número total de las

protestas violentas de todo el año 2019”, anotan los concejales.


Así mismo, llamaron la atención sobre el uso de infiltrados de la Fuerza Pública en las

manifestaciones, sin mostrar resultados claros sobre este tipo de estrategias de

inteligencia. Según el documento (coadyuvancia) presentado por los concejales, la

Policía Metropolitana reconoce que infiltra las movilizaciones con miembros de la

Fuerza Pública vestidos de civil como una estrategia de inteligencia para identificar a

quienes pretenden alterar el orden de las mismas. Sin embargo, no existe informe alguno

que de cuenta de los logros y/o resultados de dichas infiltraciones. Se espera que la

Policía rinda cuentas sobre los resultados de sus labores de inteligencia y

contrainteligencia para prevenir el saboteo violento de las protestas.


La tutela prentende que se analice, con participación de organizaciones sociales, las

actuaciones del ESMAD y que se propongan reformas de fondo. Pide que se ordene a la

Policía Nacional, abstenerse de usar la figura de traslados por protección y para

procedimiento policivo contra los manifestantes, así como de hostigarlos física y

verbalmente y lanzarles elementos de dispersión de manera directa.

“Según la misma Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), durante las protestas

realizadas en 2019 se realizaron 940 traslados por protección a Centros de Traslados por

Protección (CTP)”, anota el documento


Diversos testimonios que hicieron parte de investigaciones realizadas por organizaciones

sociales y denunciados por redes sociales y medios de comunicación fueron presentados

durante el debate en el Concejo de Bogotá (febrero 10 de 2020) e indican que hubo

graves violaciones a los derechos humanos: tortura física, piscológica y sexual,

desaparición forzada, tratos crueles inhumanos y degradantes.

Datos de la Secretaría Distrital de Salud, indican que en 2019 aumentó en un 339% el

número de heridos en medio de manifestaciones.



La tutela en trámite contra el Presidente de la República, Iván Duque, el Ministro de

Defensa, el Director de la Policía Nacional y el Director de la Policía Metropolitana de

Bogotá; que incluye más de 15 peticiones, fue interpuesta por el Comité de Solidaridad

por los Presos Políticos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de

Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Colectivo de Abogados José Alvear

Restrepo (CAJAR), la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,

Humanidad Vigente, la Dra. Ana Bejarano y el Dr. Douglas E. Lorduy, entre otros.

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