Bogotá, febrero 10 de 2020
El Concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino pide a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) que intervenga ante las graves violaciones de derechos
humanos que se presentaron en Bogotá durante las movilizaciones ciudadanas ocurridas
entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre del año pasado, que se han documentado
ampliamente y de las cuales se conocen cifras contundentes: 872 detenciones arbitrarias
e ilegales; 62 casos de tratos crueles e inhumanos, la judicialización de 25 manifestantes
detenidos y el asesinato de un líder estudiantil.
“La actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) constituye tratos crueles e
inhumanos que amerita seguimiento e intervención internacional. ¿Estamos ante una
práctica sistemática de represión de la protesta social, exceso en el uso de la fuerza y
uso indebido del proceso de traslado por protección que derivaron en detenciones
arbitrarias e ilegales que a su vez allanaron el terreno para que se aplicaran torturas en
contra de las personas detenidas y tentativa de desaparición forzada?”, dice el Concejal
Cancino.
Según documentó Cancino el ESMAD transgredió sistemáticamente los artículos 155 y
157 del Código Nacional de Policía, al acudir arbitrariamente a la figura de “traslados por
protección” y “traslados para procedimiento policivo”, no sólo excediendo el
procedimiento, y los tiempos establecidos para tal fin, sino que –según Dejusticia,
Comisión Colombiana de Juristas, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el
Colectivo José Alvear Restrepo y las universidades del Rosario y los Andes, EAFIT, entre
otros- acudió a la tortura física y psicológica, tratos crueles, inhumanos y degradantes,
durante los recorridos y en los sitios de reclusión transitoria, lo que sería a todas luces
un atentado a la dignidad humana y una violación de la Convención Americana de
Derechos Humanos, suscrita por Colombia.
“Obligaron a la gente sobre todo a jóvenes, a subirse a camiones, ejercieron tortura y
violencia verbal y física durante los recorridos, acudieron a la tortura psicológica en
repetidas ocasiones y retuvieron a la gente más de 10 horas, cuando la norma dice que
no se pueden exceder las 6 horas, según hemos documentado. Los traslados por
protección a los Centros de Protección Transitoria y a los Centros de Atención
Inmediata, son la última opción, la obligación es trasladar a las personas a su casa, a la
de un pariente o a un centro de salud. La transgresión de la norma se explica claramente
en que, de las 872 detenciones, sólo 25 casos terminaron judicializados. ¿Será que
saltarse la norma y los procedimientos implica que estamos ante detenciones arbitrarias e
ilegales?”, aseguró el Concejal Diego Cancino.
Según la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), en 2019 se realizaron 940 traslados
por protección. Los datos de las organizaciones sociales indican que entre el 21N y el
19D, 872 personas fueron trasladadas. Es decir, durante el paro nacional se realizaron el
93% de los traslados de todo el año. De igual manera señala que el número de
intervenciones del ESMAD en ese lapso (21N y 19D) fueron en total 114, de las cuales 82
ocurrieron los primeros tres días.
Datos de la Secretaría de Salud informan que el número de personas lesionadas en el
marco de las protestas aumentó dramáticamente en 2019: mientras en 2018 el número
de lesionados fue de 94 en 2019 fue 413.
De acuerdo con el informe Silencio Oficial de la organización Temblores, el ESMAD ha
cobrado 34 víctimas fatales en los 20 años que lleva de existencia (1999-2019).
Este lunes 10 de febrero, en debate de control político en el Concejo de Bogotá, Cancino
pedirá a sus colegas coadyuvar la solicitud ante la CIDH para que se tramite una Audiencia
Temática en el período de sesiones 176 de la Comisión, dirigida a que se revisen e
investiguen estos casos.