Bogotá, octubre 12 de 2021
Diego Cancino, concejal de Bogotá interpuso una acción de tutela en contra del Presidente de la República, Iván Duque; el Ministro de Defensa, Diego Molano y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Jorge Camacho, con el fin de conocer la información y el acto administrativo correspondiente que ordenó la militarización de Bogotá. “Tomar una medida de militarizar una ciudad, de incorporar la policía militar para hacer patrullajes tiene que tener un acto administrativo que lo sustente”, reclamó.
Cancino que ha venido pidiendo explicaciones a través de derechos de petición para conocer las razones técnicas y el sustento jurídico que llevaron a tomar la decisión de militarizar la ciudad dijo que falta transparencia en la información que detalla y respalda la decisión de la militarización. “Hasta el momento el Ministerio no ha publicado el acto administrativo que ordenó las operaciones militares en Bogotá”, dijo
“Lo que buscamos es que el Ministerio de Defensa publique la información que es sensible para la ciudad y que la ciudadanía tiene derecho a conocer. La participación del Ejército en actividades de seguridad debe ser pública. Bogotá fue militarizada desde el 16 de septiembre y aún no conocemos el acto administrativo que respalda dicha acción”, aseguró Cancino
Según explicó el concejal, la medida de militarización es totalmente excepcional según la Constitución, está enmarcada en el “Plan de intervención y acompañamiento a Bogotá”, el cual no aparece publicado en las páginas web oficiales, a pesar de que el artículo 7º de la Ley Estatutaria sobre Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) así lo establecen.
El concejal Diego Cancino dijo que en el marco de un debate de control político en el Concejo de Bogotá solicitó tanto al Ministerio de Defensa como a la Policía Metropolitana mediante derecho de petición copia del plan de intervención, de los actos administrativos y de los protocolos de coordinación con las autoridades locales y derechos humanos relacionado con la militarización y no ha obtenido respuesta.