Denunciamos graves atajos en la ETB

El pasado 19 de octubre de 2022, denunciamos que el negocio de móviles 4G, que estructuró Sergio González en 2013, resultó ser un total fracaso para ETB con pérdidas que ascienden a los $ 612 mil millones. También denunciamos que, en el marco de dicho negocio, a la empresa consultora Delta Partners, que asesoró a ETB para estructurar este negocio, se le pagó la suma extraordinaria de más de $81 mil millones entre 2013 y 2016 por unas proyecciones que nunca se cumplieron. Es decir, más de $20 mil millones al año, por asesorar un negocio que ha dado pérdidas por más de 612 mil millones de pesos.

Las denuncias sobre el fracaso se centraron en advertir que los costos y gastos del negocio de móviles han sido siempre mayores que los ingresos desde el inicio en 2014. Mientras que para Colombia Móvil (TIGO) -empresa socia de ETB para desarrollar el negocio de móviles- los resultados fueron muy favorables.

Frente a Delta Partners, denunciamos que, según los hallazgos administrativos de la Contraloría frente a la contratación, Sergio González -cuando fue vicepresidente en 2012- contrató a Delta Partners sin cumplir con los requerimientos técnicos exigidos en la invitación pública y que, contrario a lo que documentó ETB en un informe, hubo otro oferente que sí cumplía los requisitos técnicos (Contraloría de Bogotá, 2016, Informe de Auditoría de Regularidad).

Además, según la Contraloría de Bogotá, la ETB firmó un contrato por tres millones de dólares con una unión temporal de empresas creadas por Delta Partners que tenían un capital de 10 mil dólares (0,3% del valor del contrato). Es decir, el valor del contrato fue 300 veces el capital de la empresa constituida para el negocio. Y que además se violó el manual de contratación puesto que la cuantía de este contrato ameritaba que se hiciera mediante invitación pública y no mediante contratación directa, (Contraloría, 2014, Informe de Auditoría Modalidad Especial de Contratación).

A raíz de estas denuncias, fui entrevistado en el Reporte Coronell y el 26 de octubre tuve la oportunidad de presentar mis argumentos frente al Presidente Sergio González, quien días después renunció a dicho cargo argumentando un mejor empleo fuera de Colombia.

Reforma Popular a 1a Policía

En el marco de una creciente desconfianza ciudadana hacia la Policía Nacional, explicada en buena parte por su proceder durante el estallido social ocurrido entre 2019 y 2021, he liderado, junto a diversos sectores de la sociedad civil, un proceso de Reforma Popular a la Policía cuya construcción se basa en el diálogo deliberativo y vinculante.

En este proceso, hemos realizado diálogos deliberativos con estudiantes universitarios, líderes y lideresas sociales, organizaciones de víctimas de abuso policial, y en general, con la ciudadanía interesada en sumarse con sus ideas y preocupaciones a la transformación de la Policía Nacional.

Así, hemos tenido espacios de diálogo y discusión en las universidades de Los Andes, Rosario, Nacional y Libre; así como reuniones presenciales y virtuales en las que hemos conocido la ideas y preocupaciones de más de 600 ciudadanos y ciudadanas que se han sumado como asistentes o voluntarios/as al proceso.

Lo anterior, nos ha permitido activar equipos voluntarios de trabajo en Bogotá en las localidades de Usaquén, Santa Fe, Candelaria, Suba, Kennedy, Fontibón y Bosa. De igual forma, avanza la constitución de un equipo de voluntarias y voluntarios en la ciudad de Pereira.

Mediante esta propuesta de acción colectiva, avanzamos hacia el desarrollo de Asambleas Populares Vinculantes, buscando consolidar estos espacios como la base del mandato ciudadano que luego se plasme en un proyecto de ley de reforma a la policía nacional, surgido de un amplio proceso de conversación ciudadana que contemple, entre otros, los siguientes ejes:

Profesionalización de la institución
Garantía de respeto por los DD.HH
Protocolo de procedimiento con enfoque de género
Eliminación del fuero penal militar en casos de abuso policial
Desmonte del ESMAD y creación colectiva de división antimotines que respete el derecho a la protesta y a la vida
Salida de la Policía del Ministerio de Defensa
Sistema de verificación del accionar de la fuerza pública para facilitar la fiscalización y vigilancia por parte de las autoridades civiles y de las veedurías ciudadanas
Fortalecimiento de educación en DD.HH y respeto a la protesta social
Protocolo de atención y prevención dirigido a víctimas de abuso policial

Demanda de inconstitucionalidad contra los traslados por protección

El 28 de abril de 2022, junto con la Corporación Justicia y Democracia, demandamos el artículo 155 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –reformado por el artículo 40 de la Ley 2197–. Esta demanda recibió el radicado D-14803 de la Corte Constitucional y su sustanciación le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Después de un largo proceso, la demanda fue admitida parcialmente y el 14 de septiembre inició su trámite.

Denuncias de violencia policial

Este año acompañamos el proceso de varias víctimas de violencia policial por indebida aplicación de los traslados por protección, violaciones a los DDHH en jornadas de protesta, violencia basada en género y lesiones personales. El acompañamiento del equipo de trabajo consiste en remitir los casos a organizaciones de DDHH que los puedan representar jurídicamente y en visibilizarlos a través de las redes sociales, para que las víctimas se sientan apoyadas.

En algunas ocasiones, se remitieron las denuncias directamente a las autoridades competentes (Violaciones cometidas en el Portal de las Américas y amenazas a jóvenes que han participado en protestas). La mayor parte de los casos han sido enviados a la Dirección de DDHH de la FGN.

Además del seguimiento a casos individuales, hemos acompañado a las víctimas de violencia policial que han asistido a nuestros eventos, foros y encuentros territoriales.

Informe de seguimiento a casos de violencia policial

Elaboré junto a mi equipo un informe de seguimiento a los casos de abuso y violencia policial durante el Paro Nacional de 2021, construido a partir de información cuantitativa y cualitativa, tomando datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Observaciones del Gobierno Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y organizaciones defensoras de derechos humanos de la sociedad civil.

Nuestra investigación dio cuenta, por una parte, de la impunidad que caracteriza estos casos (el 74% de los casos no se han indiciado o están en indagación); por otra parte, retomamos los relatos de las familias victimizadas por el abuso policial, dando cuenta de los casos de Nicolás Guerrero, Santiago Murillo, Lucas Villa, Santiago Moreno, Kevin Stiff Ávila, Nelson Jhoan Fuentes, Daniel Alejandro Jaimes, Miguel Leal, Gareth Sella, Germán Smith Puentes, Jeisson Andrés Conde, Óscar Alejandro Infante, Juan David Rojas, Duván Mateo Aldana y Stuar Duván Villegas.

Nuestro informe demuestra que en muchos de los casos no se ha garantizado el derecho a la justicia de las víctimas, siendo la impunidad la constante. Identificamos que del total de los casos reportados por la Fiscalía General de la Nación, en el 61.1 % no se han identificado ni siquiera a los presuntos responsables

Ordenamiento territorial y Región Metropolitana

Desde el 2020, uno de nuestros principales objetivos ha sido la integración de la región. Por ello, desde marzo de 2020 hemos impulsado la construcción de un modelo de región que responda al sentido compartido entre Bogotá-Cundinamarca y que teja confianza.

Este año, con el apoyo de expertas y expertos en ordenamiento territorial, denunciamos los riesgos de aprobar el esquema previsto por la Región Metropolitana (RM). intervenimos en varios espacios en territorio para pensarnos la región desde la base y le advertimos a la Alcaldía los problemas de este esquema y le señalamos la necesidad de construir un modelo de región completamente diferente, basado en un esquema abierto de toma de decisiones que garantice el diálogo y la participación vinculante de los diversos actores de la región. Ninguno de estos aportes fue atendido.

Durante el trámite del Proyecto de Acuerdo de RM en el Concejo de Bogotá, y por el cual entra en funcionamiento la RM, denuncié que este esquema de integración está subyugado a los intereses particulares y que su aprobación intensificará la corrupción y el volteo de tierras, a través de las alianzas políticas que tradicionalmente han gobernado este territorio. En consecuencia, votamos negativamente el Proyecto de Acuerdo.

Otros asuntos relacionados con el ordenamiento territorial:

Acompañamiento protección del Canal El Salitre: Desde el trámite de aprobación del POT de Bogotá, hemos acompañado el proceso de protección del Canal el Salitre y su consolidación como Bosque Urbano. Este año se creó una Comisión Accidental para hacerle veeduría y garantizar que las solicitudes de la comunidad sean atendidas por la administración. A la fecha, la Secretaría de Ambiente está formulando un borrador de acto administrativo que regula la figura de los Bosque Urbanos.
Nulidad de la elección de Luis Alejandro Motta, representante de las ONG ante el Consejo Directivo de la CAR: El año pasado presentamos denuncia penal por presuntos hechos delictivos cometidos durante el proceso de elección de representantes de las ONGs ante el Consejo Directivo de la CAR 2020-2023 en cabeza de los señores Luis Alejandro Motta y Andrés Iván Garzón. En febrero de este año, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió anular la elección del directivo de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), Luis Alejandro Motta.

Control a nuestros recursos públicos - Demanda de nulidad contra el acto de elección del Contralor de Bogotá

Radicamos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de nulidad del acto de elección del Contralor de Bogotá. Tal y como quedó consignado en la demanda, admitida el pasado 1 de Julio de 2022, consideramos que Julián Mauricio Ruíz se benefició de su participación en la elaboración de las reglas de juego y criterios de evaluación definidos en la Resolución 728 de 2019, expedida para determinar las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales. Es decir, él participó en el diseño de los términos generales que dieron vía a su propia elección.

Mediante Auto del 29 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó nuestra solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de la elección. El 11 de octubre radicamos recurso de apelación en contra de esa decisión y el 1 de noviembre el Tribunal concedió el recurso en efecto devolutivo (el Tribunal no pierde la competencia y continúa dándole trámite al proceso) para que sea decidido por el Consejo de Estado.

Por otro lado, mientras se decide el recurso de apelación por el Consejo de Estado, el Tribunal dictó auto el 4 de noviembre de 2022 por el cual dispone proferir sentencia anticipada (esto quiere decir que no se realizan las audiencias previstas –inicial y de pruebas-, sino que se decide con lo ya aportado por las partes). El 23 de noviembre radicamos nuestros alegatos de conclusión y estamos a la espera de la decisión.